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Boletín de noticias 20 de febrero de 2012
'RETIRO DEL FUERO EN REFORMA DE JUSTICIA NO FUE POR CRÍTICAS DE ONG'
Minjusticia garantiza que delitos graves cometidos por uniformados no irán a justicia penal militar.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra Portocarrero, asegura que el retiro del tema del fuero militar del proyecto de reforma de la justicia -que el Gobierno acaba de pedirle al Congreso- no responde a críticas de organismos como Human Rights Watch. Esguerra asegura que lo que se busca es una propuesta integral que proteja a militares y policías, pero que garantice que no habrá impunidad.
¿Qué busca el Gobierno al pedirle al Congreso que retire el artículo del fuero militar?
El Gobierno lo que ha querido desde el comienzo es que haya un análisis y una propuesta integrales de reforma de la justicia penal militar. Para eso creó una comisión amplia. Esa comisión ha trabajado con dedicación, con éxito y ha producido una propuesta de reforma constitucional de dos artículos de la Constitución y unas propuestas de reformas legales.
¿Qué trae esa propuesta?
En lo fundamental, contiene unas reglas que establecen qué le corresponde a la justicia penal militar y qué le corresponde a la justicia ordinaria. Un punto clave es que se eleva a rango constitucional lo que ha venido quedando consignado en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y en una ley, en el sentido de que hay ciertos delitos que no podrán ser, en ningún caso, considerados delitos de competencia de la justicia penal militar, sino que siempre serán delitos de la justicia ordinaria.
¿Retirar el artículo servirá para quitarle oposición a la reforma de la justicia?
Claro que el proyecto tiene muchos críticos, pero el propósito de esto que se ha hecho no es el de conseguir que se retiren los reparos a la reforma constitucional de la justicia, es un propósito de mucha mayor envergadura. Se busca conseguir una regulación que sea integral y equilibrada sobre el tema de la justicia penal militar, que resuelva una serie de inconvenientes que han venido presentándose en los últimos años y que han dado lugar a quejas tanto de parte de la Fuerza Pública como de ONG y organismos internacionales, que naturalmente se preocupan del riesgo que ven de posibles casos de impunidad. Lo que se busca no es menoscabar la justicia penal militar, sino que opere cuando deba hacerlo, y que haya justicia ordinaria en los casos que no sea admisible que actúe la justicia penal militar.
¿Qué delitos cometidos en servicio no irán a la justicia penal militar?
En la propuesta están definidos varios planteamientos sobre lo fundamental de ese tema. Entre los puntos claros está que ciertos delitos en ningún caso serán de conocimiento de la justicia penal militar, así estos sean cometidos en el marco de un acto de servicio.
¿Por qué el Gobierno propone retirar el fuero luego de que le había respondido a Human Rights Watch que no lo haría?
No se le había dicho que no se retiraría, sino que se estaba esperando el resultado del trabajo que desarrollaba la comisión que se integró hace varios meses. De manera que no es la respuesta a una crítica coyuntural. Nosotros siempre dijimos, cuando venían esas críticas, que la comisión estaba trabajando y que estábamos esperando su informe. Siempre dijimos que el eventual retiro o no del artículo dependería de lo que la comisión terminara diciendo.
Justicia militar no se va a debilitar
"Lo que se busca no es menoscabar la justicia penal militar, sino que la haya cuando deba haberla y que haya justicia ordinaria en los casos en que no sea admisible que actúe la justicia militar", indicó el ministro Juan Carlos Esguerra.
Cómo está hoy el fuero
Casos fuera de la órbita de justicia penal
Por varias decisiones de la Corte Constitucional, las investigaciones por posibles delitos de guerra y de lesa humanidad quedaron desde hace más de una década por fuera de la órbita de los jueces militares. En la Fuerza Pública se considera que por esa vía se ha creado una inseguridad jurídica que afecta su capacidad operativa y su moral. La justicia penal militar ha sido cuestionada por casos en los que absolvió a pesar de que había había pruebas contundentes de delitos graves.
FRENO A MESADAS DE LUJO SE ENREDA EN ALTO TRIBUNAL
Magistrados dicen estar impedidos para votar ponencia que busca atajarlas.
La Corte Constitucional lleva 10 meses dándole vueltas a una decisión de la que depende la estabilidad económica del país.
Sus 9 magistrados tienen que resolver si dejan sin efecto el artículo 17 de la Ley 4 de 1992, que fija el régimen salarial de congresistas y empleados públicos y que ha venido siendo invocado para aprobar mesadas que violan el tope legal impuesto hace 6 años en la Constitución (mediante un acto legislativo): 25 salarios mínimos (14'167.500 pesos).
Con tutelas, demandas y reliquidaciones, excongresistas y ex altos funcionarios de la Procuraduría, la Fiscalía y las cortes han logrado que la justicia les otorguen pensiones de hasta 31 millones.
El artículo demandado permite fijar mesadas equivalentes al 75 por ciento del último salario, en lugar de promediar lo recibido en los últimos diez años, como ordena la ley.
Y quienes echan mano de ese artículo se apalancan en el régimen de transición de la Ley 100 -que dejó vivas algunas gabelas hasta el 2014- y en la Procuraduría, que ordenó aplicar la jurisprudencia del Consejo de Estado en esta materia y no la de la Corte Suprema que se opone a las mesadas de lujo.
Según cálculos del Gobierno, estos fallos le costarían al país entre 11 y 20 billones de pesos en los próximos años y reventarían el sistema.
Aunque la ponencia que circula en la Corte desde noviembre declara inexequible el artículo 17, no ha podido ser votada porque 4 de los 9 magistrados dicen estar impedidos.
El plan B
Jorge Pretelt alegó que su padre, el excongresista Ricardo Pretelt, es pensionado. Y los magistrados Nilson Pinilla, Jorge Palacio y Luis Vargas dicen tener la expectativa cercana de que les apliquen el régimen demandado.
El asunto de los impedimentos ha llegado a tal nivel que es posible que el tema termine en manos de conjueces, una especie de magistrados alternos, elegidos al azar de una lista de 18 abogados inscritos.
Ya van varias semanas evaluando los impedimentos y la elección de conjueces requerirá de más tiempo. Mientras tanto, los fallos adversos al sistema se siguen produciendo.
El Seguro Social recibe 400 tutelas diarias que ordenan estos pagos y hoy sostiene 74 jugosas pensiones que le cuestan 16.800 millones al año.
Para ayudar a cerrar el boquete, el Fondo de Previsión del Congreso demandó 461 de las 900 pensiones de excongresistas: 106 se liquidaron con el artículo demandado, y el resto, con gabelas que valen 116.000 millones al año.
Esta semana se sabrá si los impedimentos de Pinilla y Palacio prosperan, pues ya se aceptó el de Vargas y se rechazó el de Pretelt. Pero pueden surgir otros más.
Procurador dice que no aboga en su propia causa
El procurador Alejandro Ordóñez aclaró el jueves que él no aboga en su propia causa cuando le pide al Gobierno que aplique precedentes judiciales del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional a la hora de reconocer las mesadas. "A mí me faltó un mes para quedar en el régimen de transición. Pero hay que respetar derechos adquiridos", dijo. Pero sectores del Gobierno aseguran que la jurisprudencia que él respalda es la que dispara las mesadas. Además, dicen que también hay jurisprudencia de la Corte Suprema, contraria a la que apoya Ordóñez.
Qué dice la demanda
Ex defensor Judicial de la Nación la interpuso
Dionisio Araújo, exdirector de la Defensa Judicial de la Nación, demandó el artículo 17 de la Ley 4 de 1992. Argumenta que desde el 2005, en virtud de un acto legislativo, se prohíben los regímenes especiales. Además, que la norma viola el derecho a la igualdad de los demás jubilados. Araújo señaló que el artículo también desconoce la sostenibilidad y el carácter razonable del sistema de pensiones. La Corte, en la ponencia que circula, aceptó sus argumentos.
RETIRARÁN ARTÍCULO QUE AMPLÍA FUERO MILITAR EN REFORMA A LA JUSTICIA
Así lo anunció este sábado el presidente Juan Manuel Santos, en su Acuerdo por la Prosperidad.
Luego de varias críticas y acogiendo las recomendaciones de una Comisión de Expertos, el Gobierno anunció este sábado que le pedirá al Congreso el retiro del artículo que amplía el fuero militar incluido en la reforma de la Justicia.
El presidente Juan Manuel Santos dijo que el informe de la Comisión de Expertos le sugirió diseñar una reforma constitucional al sistema de justicia penal militar que incluya, entre otras cosas, un cambio al fuero.
"Esta comisión recomendó una nueva reforma constitucional que, de cierta forma, garantice algo que se había dicho desde un principio: que no vamos a retroceder en materia de derechos humanos pero que, al mismo tiempo, se den las garantías suficientes de juzgamiento a la Fuerza Pública", afirmó Santos desde Manizales, donde realizó el Acuerdo por la Prosperidad número 62.
Por su parte, el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, afirmó que con el nuevo proyecto "no se trata de darles ventajas o prebendas a los miembros de la Fuerza Pública que hayan de atender el llamado de la justicia".
Por esa razón, resaltó que los delitos de lesa humanidad (tortura, desaparición forzada, violaciones sexuales y ejecuciones extrajudiciales conocidas como 'falsos positivos') se elevarán a rango constitucional para que no sean considerados, "en ninguna circunstancia", actos del servicio y, por lo tanto, su investigación y juzgamiento les corresponda a la justicia ordinaria.
El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, resaltó que "es necesario que las Fuerzas Armadas tengan un marco legal claro e independiente que les dé un ámbito de acción, sin zonas grises".
Agregó que, a la par del proyecto de enmienda constitucional, se llevará en julio al Congreso "un paquete" de reformas que desarrolle esta nueva iniciativa, de acuerdo a lo que sugirió la Comisión.
Pero el tema no es nuevo. En octubre del año pasado el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, afirmó que el Ejecutivo estaba considerando presentar un proyecto separado para el tema del juzgamiento de militares.
"El artículo del fuero inicialmente no hacía parte de la reforma, ese fue un asunto que se incluyó en las deliberaciones en el Congreso, y de la forma como quedó aprobado no resulta satisfactorio, por eso creemos más útil que la reforma de la Justicia se tramite tal y como estaba", agregó Vargas en ese momento.
El anuncio no era oficial y no se había llegado a un consenso. Incluso, el ministro Pinzón se mostró en desacuerdo con la iniciativa que planteó Vargas en ese entonces.
La inclusión de un artículo que amplía el fuero militar en la reforma de la Justicia, que comienza en marzo su segunda vuelta en el Congreso, desató críticas en diferentes sectores, incluso internacionales.
La ONG Human Rights Watch expresó en diciembre que aprobar ese artículo "contraviene directamente la jurisprudencia de los más altos tribunales de justicia".
Opinión
Juan Carlos Vélez Uribe
Senador del partido de 'La U'
"No me parece conveniente que se retire el artículo del fuero militar de la reforma de la Justicia, como lo propuso el Gobierno. Las tropas están confundidas por la aplicación de justicia ordinaria en la jurisdicción militar".
Juan Manuel Galán
Senador del Partido Liberal
"Sigue pendiente una reforma a la justicia penal militar, pero si el retiro del artículo del fuero contribuye a volver al espíritu original de la reforma, que es el acceso a la justicia para los ciudadanos, pues perfecto".
Manuel José Cepeda
Comisión asesora de la reforma
"Es necesario abordar en el plano constitucional una reforma al marco jurídico de acción de la Fuerza Pública, lo cual comprende una reforma tanto a la justicia penal militar como a la justicia ordinaria".
ASÍ ARRANCA DEMANDA A ELECCIÓN DE FISCAL
La validez de la votación con la que fue elegida Viviane Morales tiene divididos 27 magistrados.
El tribunal empezará desde este lunes a resolver en Sala Plena tres demandas acumuladas contra el cambio en las reglas de juego en la Corte Suprema que hizo posible la elección de Morales como sucesora de Mario Iguarán.
Aunque no hay ponencia oficial, entre varios miembros de la Sección Quinta, a donde llegaron inicialmente las demandas, era fuerte la tesis según la cual la decisión sería ilegal. Por ser un asunto de interés jurídico y nacional, la decisión final la asumirá la Sala Plena.
El caso se remonta al 23 de noviembre del 2010. Después de 16 meses sin llegar a un acuerdo, una comisión de tres magistrados de la Corte Suprema presentó una fórmula para destrabar la elección del Fiscal: replantear el número de votos que exigía el reglamento interno para elegir el titular del cargo.
La comisión consideró que aunque el reglamento exigía que el vencedor obtuviera 16 votos (es decir, la mayoría calificada de los 23 magistrados del tribunal), esa cifra podría variar según el número de magistrados presentes. En aquel momento, la Corte solo contaba con 18 miembros -había cinco vacantes por cumplimiento de periodo- y sobre ese número se calculó la mayoría calificada. Morales fue días después elegida con 14 votos, cifra que habían alcanzado varios de los candidatos en las rondas anteriores.
Un grupo de magistrados del Consejo de Estado considera que tal cambio fue inconstitucional, porque en la Carta Política se señala que el reglamento de las altas cortes lo fijarán ellas mismas, sin lugar a interpretaciones. El bando opositor considera que los tribunales sí pueden tomar esas decisiones sobre la marcha, siempre que así lo decida la mayoría.
En su momento, cinco de los magistrados de la Corte que participaron en la votación advirtieron que la fórmula era "ilegal" y que daría lugar a demandas. El cambio de la terna que había mandado el gobierno Uribe es otro punto de la demanda.
EN CONSEJO DE ESTADO PODRÍAN ESTAR GESTANDO 'CARRUSEL DE PENSIONES'
Gustavo Gómez, presidente del Consejo de Estado, dice que versión es 'descabellada'.
El viernes pasado llegó a la Comisión de Acusación de la Cámara una denuncia que señala que en el Consejo de Estado se podría estar gestando otro 'carrusel de pensiones'.
Esta vez los beneficiarios no serían magistrados auxiliares sino titulares, que por su edad no podrían cumplir con el periodo de ocho años, pero sí saldrían jubilados con una mesada millonaria.
La denuncia -de la que se conoce la procedencia pero aún no se ha repartido para ser verificada- menciona cuatro casos de magistrados de tribunales contenciosos del país que llegaron a ocupar puestos en el Consejo de Estado cerca de la edad de retiro forzoso: 65 años.
El documento advierte que ellos se verían beneficiados del decreto de 1971, que permite que quienes ocupan magistraturas se jubilen con el mejor sueldo del último año. El ascenso al Consejo significa saltar de una pensión de alrededor de 16 millones de pesos a una de magistrado de alta corte, que representa al menos un 20 por ciento más (entre 19 y 23 millones de pesos).
Es el caso de Myriam Guerrero, dice el escrito, quien entró como magistrada de la Sección Tercera del Consejo de Estado el 14 de noviembre de 2007 y se pensionó en mayo de 2010 (tres años después), por cumplir la edad de retiro. Venía del Tribunal Contencioso de Cundinamarca.
La denuncia menciona tres casos de magistrados que fueron elegidos cerca de la edad de retiro forzoso -que está en un limbo jurídico-, pero que siguen en funciones. En mayo del 2009 el Consejo eligió al entonces magistrado del Tribunal de Cundinamarca William Giraldo, quien estaba a meses de cumplir la edad y el tiempo para pensionarse.
Otro caso es el de la magistrada Olga Valle de la Hoz, quien venía del Tribunal Administrativo del Cesar y fue nombrada en el Consejo de Estado en julio de 2010. Con 62 años, dice el texto, se pensionaría antes de terminar su periodo de ocho años.
En el documento que llegó a la Comisión se relaciona también al magistrado Víctor Hernando Alvarado, quien fue nombrado en la Sección Segunda del Consejo de Estado en mayo de 2009 y hoy está a un año de cumplir la edad de retiro.
Sobre el tema, la Corte Suprema de Justicia, el 2 de julio de 2008, dijo que "no resulta constitucional ni legítimo propiciar un privilegio injustificado en cabeza de algunos funcionarios", al fallar el retiro del magistrado Jaime Moreno del Consejo de Estado, negándole así la posibilidad de completar el período de ocho años para el que fue elegido.
'Campaña de desprestigio'
Gustavo Gómez, presidente del Consejo de Estado, quien reconoció que en los 90 sí se pudo dar un 'carrusel' en este alto tribunal por el nombramiento de encargados en vacancias judiciales, habló del tema con EL TIEMPO.
El magistrado defendió a la corporación y calificó la denuncia de "descabellada" y parte de una "estrategia sistemática para descalificar y desprestigiar a la rama judicial ante la opinión pública, ahora que en el Congreso entra a segunda vuelta la reforma de la Justicia", a la que este tribunal se ha opuesto.
Gómez dijo que es una "locura" hablar de 'carrusel' en los casos señalados, porque "los nombramientos son legales y se dan en propiedad", para lo que se necesita una votación de, al menos, 21 magistrados. "Es imposible que se pueda dar ese consenso solo por hacer un favor", precisó.
También reconoció que para esta elección no se tiene en cuenta la edad sino la hoja de vida y los años de experiencia, que son más de 20, porque "es incierto y no hay una claridad jurídica sobre el tema del retiro forzoso".
'Carrusel' en la Judicatura
La investigación fiscal que hizo la Contraloría
El pasado 26 de enero se conoció la lista de 21 magistrados auxiliares y exmagistrados que fueron llamados por la Contraloría a juicio fiscal por el 'carrusel de pensiones' en el Consejo Superior de la Judicatura. Entre el 2007 y el 2010 hubo allí 70 nombramientos que no superaron los dos meses y que le han costado al país -según el ente fiscal- más de 13 mil millones de pesos en reajustes pensionales.
LA TRAGEDIA DEL PALACIO DE JUSTICIA
Por: Jaime Castro
Tomarse el poder fue delirante aspiración que explica la demencial determinación de los asaltantes.
El examen riguroso de lo que ocurrió permitirá establecer que el narcotráfico financió el asalto.
El debate sobre el fallo adoptado por dos de los ochenta magistrados que integran el Tribunal de Bogotá debe ir más allá de su análisis meramente jurídico. También deben considerarse la toma y la recuperación del palacio, que constituyen antecedente inmediato de los hechos que ahora se juzgan y que muchos no conocen o no recuerdan.
El examen riguroso de lo que ocurrió permitirá establecer, por ejemplo, que el narcotráfico financió el asalto. Que el M-19 esperó ingresar a la Casa de Nariño "con fusiles, guerrilleros y centenares de miles de personas", gracias al que llamó su gran operativo. Que tomarse el poder fue delirante aspiración que explica la demencial determinación de los asaltantes. Que el Palacio sería volado si no se aceptaban sus condiciones, para lo cual colocaron los explosivos que la Fuerza Pública oportunamente desactivó. Que juzgar al presidente Betancur era apenas el primer acto "del nuevo gobierno". Que el asalto comenzó con el asesinato de diez personas (personal uniformado, vigilantes privados y otros civiles). Que la toma no fue producto de trampa para cazar palomas que el Ejército tendió a distraídos guerrilleros. Que fue el Presidente de la República quien ordenó el rescate de los rehenes y la recuperación del palacio, preservando las vidas en peligro, incluidas las de los guerrilleros, y quien decidió no negociar, no suspender el operativo militar en curso y no ordenar que la Fuerza Pública cesara unilateralmente el fuego, como pedían los asaltantes. Que estas determinaciones del Gobierno -que dejan sin piso el cuento del golpe de Estado- le fueron trasmitidas por el Director de la Policía al comandante del asalto, que no aceptó deponer las armas porque su consigna era "vencer o morir".
Lo anotado y mucho más consta en numerosos documentos y declaraciones de conocidos dirigentes del eme. No ha sido desvirtuado, a pesar de que quienes han buscado durante décadas "la garganta profunda" que revele la "verdad" sobre lo que ocurrió no han encontrado ni la una ni la otra, porque no hay nada oculto y lo sucedido ha estado siempre a disposición de quienes han querido conocerlo.
Sin embargo, tan valiosa información no ha hecho parte de los procesos judiciales, porque no ha sido aportada por quienes han debido hacerlo o porque los jueces no la han tenido en cuenta. Tampoco ha sido presentada metódicamente por partidarios o contradictores de lo que hicieron o dejaron de hacer el Gobierno y la Fuerza Pública.
Cuando la Comisión de la Verdad, creada por la Corte Suprema e integrada por exmagistrados suyos, publicó su informe, tan sesgado como el que probablemente hubiera producido una Comisión de Generales en uso de buen retiro, propuse a José Roberto Herrera que lo analizáramos de cara a la Nación. Sus compañeros de Comisión no permitieron ese intercambio de puntos de vista.
La controversia que ha suscitado la providencia del tribunal y los proyectos que darían a los militares trato comparable al que recibieron los asaltantes, o las adiciones que con el mismo propósito se hagan al llamado "marco para la paz" aconsejan realizar ese aplazado debate con el fin de que se haga claridad sobre lo sucedido y se evite que muchos continúen especulando con meras hipótesis, conjeturas y suposiciones sobre tema que deberían conocer mejor quienes pontifican sobre él, pero no participan en el debate que conviene adelantar.
(No opino sobre el fallo, porque en él se pide a la Fiscalía investigar a los exministros de Betancur, y soy uno de ellos).
APAGUE Y VÁMONOS
Por: Óscar Iván Zuluaga
Los avances logrados en estas últimas décadas se encuentran ahora bajo amenaza por sentencias que deberá tomar la Corte Constitucional.
Los fallos pendientes en la Corte podrían costar cerca del 30% del PIB.
El sistema pensional en Colombia nació a finales de los años 60, durante la administración Lleras Restrepo, con la introducción del régimen de prima media administrado por cajas públicas y el Instituto de los Seguros Sociales. Durante el período 1970-1990 surgió en el país un monstruo de mil cabezas compuesto por cerca de 1.100 regímenes especiales y subsidios estatales que transformaron el diseño inicial en un sistema pensional altamente injusto.
La irresponsabilidad fue de tal proporción, que el pasivo pensional en el año 1993 alcanzaba casi el 300% del PIB. Semejante bomba fiscal llevó al gobierno Gaviria a expedir la Ley 100 de 1993, la cual logró disminuir el pasivo pensional a 200% del PIB. Pero ello no fue suficiente: la administración Uribe tuvo luego que expedir dos leyes en el 2003 y un acto legislativo en el 2005 para lograr que el pasivo pensional descendiera a 160% del PIB. Gracias a estas reformas se generó una senda viable de largo plazo para el pago oportuno de las pensiones.
Los avances logrados en estas últimas décadas se encuentran ahora bajo amenaza por sentencias que deberá tomar la Corte Constitucional, y por ello resulta pertinente evaluar su impacto. Los tres temas específicos que en materia pensional están a consideración de la Corte son los siguientes: la situación de los prepensionados, la indexación de la primera mesada pensional y el régimen de transición.
El esquema de prepensiones se aplica a cerca de 5.000 exfuncionarios del ISS que fueron trasladados a las ESES y quienes demandan la aplicación del régimen pensional convencional que tenía el ISS, lo que por un lado implicaría aplicarles una norma convencional a funcionarios de entidades distintas a la suscriptora y podría llegar a contrariar el espíritu del Acto Legislativo de 2005 que prohibió la aplicación de regímenes pensionales convencionales a partir de junio del 2010. En el tema de la indexación de la primera mesada pensional, a pesar de que la Corte, a través de jurisprudencia, ordenó la indexación de la primera mesada a partir de 1991, se encuentra evaluando si esta indexación debe cubrir pensiones reconocidas antes de la entrada en vigencia de la Constitución de 1991.
Esta aplicación generaría una contingencia descomunal para el sector público en entidades liquidadas, como la Caja Agraria, Bancafé, el Banco Central Hipotecario, y en muchas entidades privadas que tendrían que asumir directamente las pensiones de sus trabajadores, cosa que las llevaría en muchos casos a una situación de insolvencia.
Finalmente está el régimen de transición definido en la Ley 100 de 1993. La Corte está evaluando la unificación de la jurisprudencia tanto para empleados públicos y trabajadores oficiales. Hasta la fecha, el sobrecosto que se ha generado por decisiones jurisprudenciales para no aplicar el régimen de transición a los regímenes especiales de la rama judicial, Ministerio Público y Contraloría oscila entre $ 11,7 y $ 20,1 billones a pesos del 2010. En caso de que la Corte extienda esa decisión al resto de los servidores públicos nacionales, el impacto adicional sería del orden de los $ 37 billones a pesos del 2010. Si, además, se aplica el principio de favorabilidad para cobijar también a los trabajadores del sector privado que administraba el ISS, el impacto adicional sería equivalente al 20% del PIB.
En conclusión, los fallos pendientes en la Corte podrían costar cerca del 30% del PIB. Eso significaría perder el terreno ganado durante los últimos 20 años, comprometiendo gravemente la salud fiscal de la nación. A su vez, se agravaría la discusión de la reforma tributaria y la reforma pensional, próximas a ser presentadas por el gobierno nacional. La situación sería tan delicada, que seguramente se presionaría un aumento de impuestos.
POLÉMICO FALLO
Por: Jaime A. Fajardo Landaeta
El caso del Palacio de Justicia será uno de los muchos que tendrán que pasar primero por la construcción de una agenda de reconciliación nacional.
Por ahora no existen condiciones para una salida negociada al conflicto armado.
Si algo queda claro de la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, en relación con los desaparecidos del Palacio de Justicia y la ratificación de la condena a 30 años de prisión para el coronel Alfonso Plazas Vega, así como la remisión a la Corte Penal Internacional para que abra investigación al expresidente Belisario Betancur, es que, aparte de sus yerros, algunos sectores del país sienten terror ante la sola mención de dicho tribunal.
En ningún caso se va a cumplir la dichosa sentencia: empezando porque desconoce la no competencia de la CPI para el caso del expresidente Betancur, y porque así tuviese razón, las élites colombianas impedirían, con toda clase de argumentos, que esta prosperara.
Ahora bien, el caso del Palacio de Justicia será uno de los muchos que tendrán que pasar primero por la construcción de una agenda de reconciliación nacional, trámite que no implica impunidad ni impide el esclarecimiento de la verdad a que tienen derecho las víctimas y el país entero.
La sociedad colombiana, pero en especial sus élites, no marchan en función de construir verdaderos caminos de reconciliación; ellas son al fin de cuentas las mayores responsables de las atrocidades cometidas al lado de los grupos ilegales de izquierda y de derecha. Incluso quienes pretenden abordar la solución al conflicto lo hacen a partir de evidentes intereses políticos o económicos, así que limitan la posibilidad de construir los consensos necesarios para poner fin a este demencial e interminable baño de sangre.
Esa es una de las enseñanzas que nos deja el pronunciamiento del alto tribunal, al igual que la evidencia de que algunos sectores que han atizado el conflicto se atemorizan y repudian cualquier posibilidad de acudir a la CPI. Pero tarde o temprano esta Corte puede intervenir, debido a su desidia para aclarar lo sucedido.
Solo un gran acuerdo nacional que permita la construcción de una agenda de reconciliación hará posible resolver la grave violencia que nos aflige. Por ahora no existen condiciones para ello, ni tampoco para una salida negociada al conflicto armado.
Ahora bien, con las Farc y sus aliados la situación no puede ser más crítica, gracias a su reciente andanada terrorista y a sus iniciativas salidas de tono y alimentadas por un sesgo sectario, contrario a cualquier vislumbre de paz. Casi podríamos afirmar que esta tocará imponerla a la minoría que se aferra al poder, al igual que contra los grupos ilegales, que se comportan como mulas muertas en el camino de la reconciliación nacional.
¿Serán capaces los partidos políticos, que conforman la unidad nacional, de abordar este tema?
EL ESPECTADOR
NOMBRAN PRIMEROS JUECES AGRARIOS PARA AGILIZAR RESTITUCIÓN DE TIERRAS
Luego del reclamo del ministro Vargas Lleras se conoció que ya hay cinco jueces.
El Gobierno Nacional dio a conocer este viernes que ya fueron nombrados los primeros jueces agrarios que servirán para adelantar el proceso de restitución de tierras, al amparo de la Ley de Víctimas.
Luego del reclamo del ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, el mismo funcionario reveló que fueron designados cinco jueces agrarios.
Consideró positivo el nombramiento de los primeros jueces que tendrán a su cargo la importante tarea de resolver las solicitudes de restitución de tierras.
"He sido informado de que los Tribunales Superiores del Distrito Judicial han nombrado a los primeros cinco jueces civiles del circuito, especializados en restitución de tierras, por lo que celebro que esto haya ocurrido. La misión que tienen estos funcionarios judiciales es determinante para que las víctimas de este país, a las que les arrebataron sus tierras, recobren la propiedad de lo que siempre les ha pertenecido", manifestó Vargas Lleras, al insistir que ojalá los demás jueces y magistrados sean nombrados lo más pronto posible.
Además, se conoció que al ministro del Interior también fue informado de que el Consejo Superior de la Judicatura ya firmó el acuerdo mediante el cual se crean los cargos de 22 jueces y siete magistrados, de los cuáles, cinco ya fueron nombrados por los Tribunales Superiores y ya están posesionados y atendiendo solicitudes de restitución.
El jueves Vargas Lleras había dicho que "sin los jueces agrarios las denuncias que en materia de restitución de tierras se están recogiendo, no tienen ante quien tramitarse".
“El compromiso inicial era para el 15 de enero y ha pasado casi un mes sin una respuesta. Es lamentable no contar con ese instrumento", sostuvo.
De momento, se necesitan al menos 72 en la primera etapa del proceso de devolución de tierra a los campesinos desplazados.
¿DERECHOS PARA TODOS?
Por: Santiago Montenegro
Un trabajo del profesor de la universidad de los Andes y columnista de El Espectador, César Rodríguez, Beyond the Courtroom: The Impact of Judicial Activism on Socioeconomic Rights in Latin America, fue escogido por el profesor Mark Tushnet, de la Escuela de Leyes de la Universidad de Harvard, como uno de los dos mejores trabajos del simposio de constitucionalismo en América Latina.
Este hecho hay que resaltarlo porque la agenda de investigación de Rodríguez es de mucha importancia: constatar si los fallos de los jueces, en particular aquellos que tienen que ver con la justicia constitucional, están plasmándose en mejoras fácticas de los afectados. ¿Por qué 20 años después de promulgada la Constitución, nuestro país mantiene una de las peores distribuciones del ingreso del planeta y unos niveles de pobreza tan extremadamente altos?
En el trabajo reseñado, Rodríguez estudia los efectos del mandato de la Corte Constitucional en 2004 para proveer vivienda y otros derechos sociales y económicos a los desplazados internos por la violencia. Aunque concluye que sus condiciones socioeconómicas han cambiado muy poco, el profesor Tushnet dice que, en un análisis comparativo, definitivamente, los desplazados sí mejoraron su situación después del fallo de la Corte y soporta su conclusión en “las mejoras dramáticas en salud y educación” que el mismo estudio reconoce. Argumenta que, si en otras esferas no se han dado resultados, no quiere decir que los esfuerzos de las cortes fallaron, sino que, en las condiciones de Colombia, lograr cambios es seguramente más difícil.
Pero el otro trabajo que el profesor Tushnet reseña es también muy relevante para Colombia. Siguiendo una metodología que se puede definir como de caso por caso, muestra que las cortes brasileñas han fallado favorablemente casi todas las reclamaciones médicas, unas 40 mil por año. Aunque, en teoría, este resultado es muy exitoso, el profesor Tushnet está de acuerdo con el autor del estudio, el profesor Octavio Luiz Motta Ferraz, en que estas litigaciones pueden ser perversas porque quienes usualmente tienen más acceso a las reclamaciones cuando la justicia es caso por caso son los más ricos, quienes cuentan con más conocimientos de sus derechos y quienes tienen más acceso a la justicia. El otorgar beneficios exagerados a muy pocas personas puede, muchas veces, poner en peligro los riesgos de salud de la mayoría pobre de la población.
El profesor Tushnet concluye que, hacia delante, el debate debe centrarse sobre las formas de litigación que sean las más apropiadas y en encontrar las condiciones más propicias para hacer cumplir los derechos de segunda generación. Que hay que mirar no tanto el qué sino el cómo. En particular, el profesor tiende a argumentar la necesidad de apartarse de la litigación del caso por caso o de la llamada litigación absolutista, a una que permita la consulta entre el Ejecutivo y los grupos afectados y a una que induzca la planeación de los gobiernos para asegurar que los derechos socioeconómicos de todos sean respetados. Porque, aunque no lo dice, corremos el riesgo de que en nuestros países algunos derechos, que deberían ser de todos, se transfiguren en privilegios socioeconómicos para unas minorías.
EL ANTILIBERALISMO DEL PROCURADOR
Por: Salomón Kalmanovitz
Un principio fundamental del liberalismo es el respeto irrestricto por el fuero interno de las personas para decidir sobre su vida e inclinaciones.
Un funcionario que vigila la función pública no puede ni debe estar violentando la privacidad de hombres y mujeres que tienen inclinaciones sexuales que riñen con su moral católica y cuyos derechos son expresamente defendidos por la Constitución. En una declaración que apoyaba la homofobia de un funcionario de Coldeportes, el procurador afirmó: “la ciencia sólo admite dos géneros, el masculino y el femenino”. Pero la ciencia observa que dentro de la especie humana entre el 10 y el 15% de la población tiene inclinaciones homosexuales o lésbicas, e incluso entre varias especies animales se observan fenómenos similares. La persecución contra los homosexuales los ha vuelto seres sensibles, y muchos han hecho carreras notables en las artes, las letras, las ciencias y los negocios. Es inadmisible que una autoridad pública de tanta altura se sume a la persecución de una minoría.
No debe tampoco el procurador impedir que hombres y mujeres hagan uso de las técnicas modernas para regular su natalidad y tengan el número de hijos que puedan amar y mantener responsablemente, como lo ha intentado hacer en los casos de la píldora del día después o para imponerles trabas a las EPS que atienden la salud reproductiva de sus afiliados. Ha sido históricamente irresponsable ponerle trabas a la educación y a la accesibilidad de los métodos de control natal a la población pobre del país, que sigue con el lastre de tener los hijos que la naturaleza ordene, perpetuando sus condiciones de miseria. Es notorio cómo la mayoría de las familias colombianas, a pesar de ser católicas o evangélicas, abrazaron la planificación familiar, lo cual redujo la tasa de natalidad del 3% en los años sesenta del siglo pasado al 1,7% en la actualidad, todavía demasiado alta, influida por las mayores tasas de las regiones más pobres del país y del embarazo en adolescentes.
Es un atropello a las mujeres y una amenaza a su derecho a la vida que se les obligue a continuar con embarazos problemáticos o a engendrar y amamantar el fruto amargo de una violación. El procurador hace un llamado a todos los practicantes de la medicina y a los hospitales católicos a que hagan uso de su objeción de conciencia para no atender a las mujeres con embarazos ectópicos (por fuera de la matriz) o que presentan una superfetación (un feto atrofiado adherido a otro feto). Para él, el derecho fundamental que defiende es el de que todos deben seguir los imperativos católicos. Prima el derecho a la vida de un feto malformado o concebido por estupro que el derecho a la mujer a superar los enormes traumas que implica cualquier tipo de aborto. A la mujer violada, el procurador le dice que cargue con las consecuencias de un crimen cometido contra su cuerpo, que la deshonra no sólo persiga su nombre sino que arruine sus prospectos de vida; le impone así unos costos enormes que considera convenientes y que él no va a sufragar.
Que paguen las víctimas es lo más irritante de las decisiones que toma el procurador: arruina la vida de cientos de miles de mujeres y de hombres, pero no asume sus consecuencias. Por eso es inconcebible que el Partido Liberal apoye su reelección o que lo terne el presidente. Si insisten en ello, no pueden identificarse como liberales.
"LOS COMENTARIOS SOBRE MI ELECCIÓN FUERON RUMORES INFUNDADOS": IGUARÁN
Aseguró que con los señalamientos en su contra querían afectar a la Corte Suprema de Justicia.
El exfiscal General Mario Iguarán Arana se mostró satisfecho con las declaraciones del excomandante paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’ porque negó la realización de una presunta colecta por parte de los paramilitares para elegirlo como jefe del ente investigador.
"Hay rumores infundados, temerarios y de tanta bajeza (que) deben mirarse como intentonas para deslegitimar mi elección”, precisó el también exembajador de Colombia en Egipto.
Para Iguarán Arana, todo el manto de duda con el que se cubrió su elección en 2005 se debió a intereses malintencionados de personas que querían manchar la Corte Suprema de Justicia como la Fiscalía General de la Nación.
“De alguna manera tenían que decir algo. Sin embargo es la verdad la que siempre sale a flote por el bien de la justicia”, aclaró el exfiscal.
El pasado jueves, el representante coordinador de la investigación, Orlando Clavijo Clavijo, dijo que ‘Macaco’ “desvirtuó las afirmaciones que habían hecho otras personas, donde indicaban que ‘Macaco’ había financiado con dinero de narcotraficantes, el pago a algunos magistrados para la elección de Mario Iguarán”.
“‘Macaco’ dice que no sabe, no conoce y no participó en la supuesta colecta”, sostuvo Clavijo que regresó al país en las últimas horas tras entrevistar a Carlos Mario Jiménez en una prisión estadounidense.
EL NUEVO SIGLO
PRESENTARÍAN PROYECTO DE REFORMA JUDICIAL EN MARZO
Delitos como los de lesa humanidad, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, violaciones o cualquier otra agresión sexual; por ningún motivo serán conocidos por la justicia militar y esto quedaría supremamente claro en el articulado.
“Para el Ministerio de Defensa y para el Gobierno del Presidente Santos es fundamental que la Fuerza pública cuente con un marco legal claro y consistente que le permita a los hombres y mujeres en uniforme ejercer con total tranquilidad su misión de preservar y garantizar los derechos constitucionales y legales de todos los colombianos y que a la vez sea garantía de justicia y no impunidad cuando se efectúe fuera de la ley”, señaló el Ministro Juan Carlos Pinzón.
De acuerdo con el jefe de cartera, la reforma será presentada después del 15 de marzo, tras conocer el informe final de la comisión de alto nivel que fue creada para tal fin.
Con esta decisión el gobierno quiere entregarle a la Fuerza Pública un marco legal claro y consistente, que le permita a sus integrantes tener la tranquilidad para cumplir con eficiencia su misión de preservar y garantizar los derechos constitucionales y legales de todos los colombianos, asegurando que los avances en materia de derechos humanos sigan consolidándose y donde no haya lugar de ninguna manera a la impunidad.
“Este es un tema que nosotros hemos llevado a la discusión pública, con el ánimo de que haya una conciencia entre todos los colombianos de la necesidad y conveniencia de ofrecerle todas las garantías en su accionar a la Fuerza Pública, para que respetando los derechos humanos, la Constitución y la leyes, ellos puedan tener claridad a la hora de actuar, en contra de las amenazas contra el pueblo colombiano”, señaló el Ministro Pinzón.
“Esta decisión deja en claro nuestra preocupación por las cosas que se demandan por parte de la opinión pública, pero también por parte de la fuerza pública y deja en claro que no se permitirá retroceder ni un paso en materia de derechos humanos, y que de ninguna manera habrá impunidad con este esquema constitucional” concluyó el Ministro Pinzón.
PLIEGO DE CARGOS AL DIRECTOR DE CAJANAL
Por no acatar las decisiones proferidas por los jueces de la República sobre reconocimiento de pensiones, deberá responder Jairo de Jesús Cortés Arias, director de Cajanal.
El actual director de Cajanal, Jairo de Jesús Cortés Arias, deberá responder por, presuntamente, haber incumplido fallos judiciales que corresponden a sentencias de tutela y a providencias de la jurisdicción contenciosa administrativa relacionadas con el trámite y reconocimiento de obligaciones pensionales y demás actividades afines.
Para el Órgano de Control, durante el desempeño de sus funciones como Liquidador de Cajanal, el señor Cortés Arias al parecer omitió, retardo o no suministró respuesta debida y oportuna a las peticiones sobre prestaciones económicas de usuarios de esa empresa industrial y comercial del Estado, con lo cual incumplió los términos legales, así como el plazo otorgado por la Corte Constitucional en el Auto 243 del 22 de julio de 2010.
De otra parte, presuntamente incumplió los fallos judiciales que corresponden a tutelas y providencias de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa en la medida que no se acataron las condiciones señaladas por los jueces de la República.
A la investigación fueron vinculados también los señores Rodrigo Vélez Jara y Jaime Villaveces Bahamón, en su condición de gerentes del Patrimonio Autónomo Buen Futuro.
Para el Ministerio Público, no gestionaron eficazmente las actividades del Patrimonio Autónomo relacionadas con el trámite y reconocimiento de obligaciones pensionales y demás actividades afines, con lo que se pudo ocasionar que las decisiones y fallos judiciales no fueran atendidos oportunamente.